• Tribuna de Carlos Bravo Villa, Gerente de la Fundación Renovables, de la cual ASGECO es socio-protector

foto Carlos Bravo colorAunque en estos momentos aún no sabemos si en breve tendremos nuevo gobierno o si nos veremos abocados a la celebración de unas nuevas elecciones generales, lo que sí está claro ya para una amplísima mayoría es que los que, más tarde o más temprano, vayan a asumir finalmente la responsabilidad de gobernar tendrán por fuerza que dar un giro radical a la desastrosa política energética diseñada en estos últimos cuatro años por el Gobierno del Partido Popular, presidido por el Sr. Rajoy, y puesta en práctica por su ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Pese a que el cambio climático, cuyas consecuencias ya hemos comenzado a padecer, es el mayor reto ambiental, social y económico al que nos enfrentamos, la política energética del Gobierno del Partido Popular, desde el inicio de la legislatura, se ha basado en aprobar un conjunto de cambios normativos que han ido claramente en detrimento de la sostenibilidad energética y de la lucha contra este grave problema de ámbito planetario.

Una panoplia de medidas dirigidas conscientemente a torpedear y hundir el desarrollo e implantación de las energías renovables, a impedir el autoconsumo eléctrico, a favorecer al sector de la energía nuclear y tratar de potenciar al máximo la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, por todo el territorio nacional, en tierra y en el mar. Y todo ello al tiempo que se menospreciaba por completo las inmensas posibilidades del ahorro y la eficiencia energética y la gestión de la demanda y se socavaba cualquier tímido avance anterior en la política energética contra el cambio climático.

En tan sólo una legislatura, el Gobierno Rajoy ha conseguido que España perdiera su posición de liderazgo mundial en el campo de las energías renovables, lo que ha conllevado a la destrucción de decenas de miles de empleos y la desaparición del prestigio logrado a nivel internacional. Ejemplo del daño provocado es el hecho de que el año 2015 ha cerrado con la instalación de tan sólo 49 MW de potencia renovable de todo tipo (dejando aparte a la gran hidroeléctrica, con la incorporación de los 854 MW de la central hidráulica de La Muela II), toda ella fotovoltaica (de los cuales más de la mitad en instalaciones desconectadas de la red), y únicamente 58 MW en 2014 (16 de ellos aislados de la red). Desde el año 2000, esta última legislatura es la que menos potencia eólica ha instalado (sólo 1.932 MW).

Por causa de su política anti renovables, España se enfrenta a numerosas denuncias ante tribunales de arbitraje internacionales que previsiblemente acabarán con multas que tendremos que pagar todos los españoles.

El ministro Soria también ha sido denunciado en España ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al diseñar y aprobar la orden ministerial que recortó en 3.000 millones la retribución a las renovables, de forma injusta y arbitraria pues se basó en unos parámetros de inversión y rentabilidad que no se correspondían con la realidad.

Otra de las muchas obsesiones insostenibles del Sr. Soria a lo largo de su mandato ha sido la de tratar de reabrir la obsoleta y peligrosa central nuclear de Garoña (hermana gemela de la siniestrada planta atómica de Fukushima) y darla una prórroga de funcionamiento de otros 17 años más, para lo cual no ha dudado en modificar ad hoc la normativa del sector nuclear para favorecer los intereses de las dos grandes eléctricas propietarias, Endesa e Iberdrola.

Pero decíamos al principio que ya era obvio para una amplia mayoría que es obligado hacer un giro de 180º con respecto a la lamentable política energética de estos cuatro últimos años. Quizá hasta el propio Partido Popular podría haberlo entendido así, al final, en las postrimerías de la legislatura. Así pues, si bien con cierta estupefacción, el pasado día 30 de noviembre pudimos conocer que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba en París, al inicio de la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que, si ganaba las elecciones generales del 20-D, su nuevo Gobierno aprobaría una Ley específica para combatir este problema. Rajoy habló de la necesidad de crear “un nuevo marco institucional” para “impulsar la reducción de emisiones, mejorar la eficiencia energética y asegurar la participación de las energías renovables”.

En suma, parece que el Presidente del Gobierno, que hasta hace no mucho era, por consejo de su famoso primo, un escéptico sobre la existencia del cambio climático, se ha transformado de repente casi en un “activista por el clima”. Rajoy manifestó que “el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos hoy y plantea grandes desafíos ambientales y económicos y por eso necesita una respuesta global y ambiciosa en París”.

Tal ha sido la metamorfosis de Rajoy que el Partido Popular presentó el pasado 21 de enero en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que instaba a esta cámara a impulsar una Ley de Cambio Climático. El tiempo nos dirá si se trata de una mera pose o si es una cuestión de sincero convencimiento: ojalá se trate de lo segundo.

En cualquier caso, España necesita emprender urgentemente una transición energética que combata firmemente el cambio climático apostando decididamente por un modelo 100% basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.

Se requerirá también restablecer la seguridad jurídica, perdida como consecuencia de la política energética del Gobierno Rajoy, a causa de la cual España ha bajado en el índice mundial de idoneidad en inversión en energías renovables del sexto puesto que mantenía en 2010 al vigésimo quinto que tiene en la actualidad, según un reciente estudio de la consultora Ernst & Young.

La Fundación Renovables considera que es posible recuperar el grave atraso sufrido en los últimos años, si, en la nueva etapa política que comienza, se aplican de forma decidida las adecuadas políticas energéticas encaminadas a cambiar el actual modelo energético y a avanzar hacia uno sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía.

Para ello es condición indispensable que todos los partidos políticos se comprometan con alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector energético 100% renovable en 2050.

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