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La situación actual. Actuación de las entidades financieras.

La transparencia en el funcionamiento de los mercados ha supuesto históricamente uno de los objetivos más perseguidos por el ordenamiento jurídico de cualquier sector económico. La correcta asignación de los recursos no puede producirse de manera auténtica, ni es factible garantizar plenamente la competencia, si no existe un marco adecuado de protección para los consumidores que, limitando los efectos de la asimetría de información, les permita adoptar sus decisiones económicas de la forma más conveniente.

Dentro del sector financiero, y dejando a un lado la protección derivada de la existencia de fondos de garantía de depósitos e inversores, la defensa de la clientela ha pivotado tradicionalmente sobre dos ejes. De un lado, la normativa prudencial y de solvencia de las entidades de crédito, aunque orientada en primer término a la estabilidad de los mercados, tiene un efecto directo y muy valioso sobre la protección de los clientes. En este sentido, las entidades están sometidas a un estatuto profesional de los más exigentes que se prevén en todo el ordenamiento jurídico, lo que favorece rotundamente su solidez y fiabilidad dentro del tráfico financiero. Otra cuestión si estos estatutos se han cumplido, se ha sido exigente en su fiscalización o si los organismos reguladores han cumplido sus funciones con la máxima garantía para el consumidor/a.

Por otro lado, la legislación financiera cuenta también con un sistema especial de protección directa del consumidor/a. La protección del cliente de servicios bancarios trata de paliar los efectos que produce la desventaja informativa, fomentando la transparencia en las relaciones entidad-cliente a lo largo de todo el tracto de la negociación bancaria.

Esta normativa de transparencia se ha venido desplegando en España a través del desarrollo del artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Este precepto, con la expresa finalidad de proteger los legítimos intereses de la clientela de las entidades de crédito, y sin perjuicio de la libertad de contratación, dotó al Gobierno (Ministerio de Economía y Hacienda) de la facultad de dictar las normas necesarias para tutelar las citadas relaciones entre las entidades de crédito y su clientela y conducirlas a la máxima transparencia.

El primer desarrollo reglamentario que vino a dar contenido a la mencionada regulación tuvo lugar hace ya más de dos décadas. La Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito es, desde entonces, el marco general de la regulación de las cuestiones esenciales sobre el tráfico financiero minorista como son, por ejemplo, las comisiones, los tipos de interés o las comunicaciones con el cliente. Poco después, se hizo uso de la misma potestad reglamentaria para abordar la regulación del préstamo hipotecario, servicio bancario minorista por excelencia. En este sentido, con el objetivo de facilitar al cliente la perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario, a mediados de los noventa entró en vigor la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.

Desde entonces la legislación financiera de transparencia ha seguido avanzando en determinadas áreas sectoriales. Es el caso de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, dedicada a este servicio bancario específico; la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, que extiende el régimen de transparencia a otros intermediarios financieros diferentes de las entidades de crédito; y en el rango reglamentario, la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.

En este punto se observa claramente como la normativa común o general de transparencia española (Órdenes ministeriales de 1989 y 1994 y Circular 8/1990 del Banco de España que las desarrolla) ha quedado injustificablemente obsoleta. De un lado, debido a los referidos avances de la regulación sectorial acometidos en áreas como el crédito al consumo, los servicios de pago o la publicidad. Y, de otro, a causa de la enorme transformación que la comercialización de servicios bancarios ha experimentado desde los primeros años noventa hasta la actualidad. Transformación estrechamente vinculada a circunstancias como la enorme expansión del crédito, especialmente hipotecario, al aumento y completa generalización del acceso minorista a los servicios bancarios, la aparición de nuevos instrumentos financieros de creciente complejidad, la difusión del empleo de las nuevas tecnologías en las relaciones con los clientes y, no cabe duda, debido también a la profunda crisis del sector financiero durante los años más recientes.

Dentro de los antecedentes anteriores, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, trató de llevar a cabo un avance sustancial en materia de transparencia bancaria. Sus aportaciones y novedades se articulan en un doble sentido. Por un lado, se ha introducido en nuestro ordenamiento un nuevo enfoque de intervención regulatoria que, a pesar de su relevancia en el debate internacional, aún resultaba ajeno a nuestro Derecho. Se trata del fomento de la responsabilidad en el préstamo. Para ello, la citada ley ha establecido no solo la obligatoriedad de llevar a cabo una adecuada evaluación de la solvencia de los clientes (práctica, por otro lado, completamente extendida entre las entidades de crédito españolas), sino también La necesidad de fomentar activamente todo un elenco de prácticas, dirigidas a garantizar la concesión responsable de los préstamos.

A pesar de todo este repertorio legislativo y voluntad del legislador de proteger los intereses de los consumidores/as en materia financiera, a nadie se nos escapa las importantísimas carencias con las que los usuarios de servicios financieros nos encontramos a la hora de iniciar una relación con una entidad bancaria. Este es el objetivo principal de este proyecto, mejorar la situación general del consumidor (información y actitud) a la hora de interactuar con una entidad financiera.

Es evidente que, entre otros casos, por las clausulas suelo y techo, las preferentes, las comisiones múltiples e incomprensibles, etc. etc. la transparencia y buen hacer de las entidades de crédito frente a sus usuarios/as ha sido nula, cuando no claramente engañosa.

En este sentido, se ha detectado la importancia entre otras cuestiones de:

  • Racionalizar, mejorar y aumentar donde resulta imprescindible, las obligaciones de transparencia y conducta de las entidades de crédito en línea con las reformas acometidas en buena parte del Derecho comparado, siendo necesario por tanto mejorar las exigencias en materias tales como información relativa a tipos de interés y comisiones, comunicaciones con el cliente, información (pre)contractual, publicidad, servicios financieros vinculados, etc.
  • Garantizar que el asesoramiento bancario al usuario se realice siempre en mejor interés del cliente, y valorando adecuadamente su situación y el conjunto de servicios disponibles en el mercado.
  • Reforzar específicamente la transparencia en lo que se refiere a determinados servicios: las cláusulas suelo o techo y los instrumentos financieros de cobertura del tipo de interés.
  • Ofrecer al consumidor/a los recursos adecuados para ejercer sus derechos frente a la entidad bancaria cuando ésta haya vulnerado cualquiera de las prácticas legales establecidas, fundamentalmente en materia de comisiones y clausulas ilegales.

Las entidades financieras de nuestro país ocupan dentro de la Unión Europea el tercer puesto, tras las italianas y las alemanas, en el establecimiento de comisiones. Los servicios más habituales que prestan las entidades financieras son:

  • Administración y mantenimiento de cuentas corrientes y de ahorros.
  • Transferencias.
  • Domiciliación y el pago de recibos.
  • Emisión y operaciones con tarjetas.
  • Gestión y contratación de los distintos tipos de créditos y préstamos.

Legalmente, bancos y cajas pueden establecer las comisiones que estimen oportunas, siempre que correspondan a un servicio efectivamente prestado. No obstante, se deben observar ciertos trámites y obligaciones legales, que estamos detectando no siempre se cumplen.

Igual ocurre con las clausulas que se incluyen en la contratación de productos y servicios financieros, existen ciertas clausulas de dudosa legalidad, contrastada ilegalidad y en cualquier caso y cuanto menos, malas prácticas en cuanto al procedimiento de información al usuario/a contratante.

Por todo ello y dada la sensibilización social que se está produciendo sobre todos los aspectos relativos a la transparencia por parte de las entidades financieras, la Comisión Europea ha intervenido con el establecimiento de normativa que obligara a los bancos a aumentar la transparencia sobre las comisiones que cobran por el mantenimiento de una cuenta corriente con el fin de facilitar a los clientes la comparación entre diferentes ofertas y forzar así bajadas de precios.

España es el segundo país de la UE donde resulta más caro mantener una cuenta corriente, con un coste anual de casi 200 euros, sólo superado por Italia (244 euros). En contaste, en Holanda, Luxemburgo y Bélgica las comisiones son inferiores a 50 euros anuales, según un estudio de Bruselas que data de 2009.

España es también uno de los Estados miembros donde resulta más difícil cambiar de cuenta, según Bruselas.

El Ejecutivo comunitario ha decidido proponer legislación para reducir los costes de las cuentas bancarias tras constatar el fracaso de las iniciativas de autorregulación por parte de la industria y de la recomendación que la propia Comisión elaboró en julio de 2011

"Los consumidores todavía lo tienen difícil para comparar ofertas y precios de las cuentas de ahorro de diferentes proveedores de servicios de pago. Incluso cuando la comparación es posible, el proceso de cambio de su cuenta a otra diferente es complejo y poco fiable", sostiene la Comisión.

La directiva obliga a los bancos a ofrecer a todos sus clientes un documento de información sobre comisiones, que deberá incluir los servicios más comunes y las tarifas de cada uno de ellos. Además, las entidades deberán enviar una factura con todas las comisiones cargadas durante los doce meses previos. Los documentos se elaborarán utilizando una terminología y formato estandarizado, para facilitar la comparación entre las ofertas de diferentes entidades.

Finalmente, la norma exige que en cada Estado miembro haya al menos una web independiente de comparación, que recoja toda la información sobre las comisiones de los bancos.

Dada la situación y a fin de aumentar la concienciación entre los consumidores/as sobre sus derechos y el cambio de actitud y mentalidad a la hora de relacionarse con las entidades financieras, ASGECO, ha llevado a cabo este Programa de sensibilización y concienciación para la reflexión por parte del consumidor/a de su forma de actuar en su día a día con los bancos y cajas.

Tras este análisis de situación, con este Programa hemos pretendido generar autoconfianza en el consumidor/a en sus relaciones con las entidades financieras y aumentar el grado de información a la hora de establecer sus acuerdos contractuales con las mismas.

A la vista de estos datos se hace necesario, como así lo ponen de manifiesto todas las instancias, abordar eficazmente este grave problema de indefensión del consumidor/a frente a las entidades de crédito.