• Primera tribuna jurídica de José María Segura Egea, abogado y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios ¡ea! Jaén, miembro de ASGECO Confederación, sobre autos favorables del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Córdoba (23/05/2014) y de la Audiencia Provincial de Córdoba (22/12/2014), en el caso de una condena de Gas Natural Andalucía S. A. a devolver cobros indebidos.
  • Felicitamos desde ASGECO a ¡ea! Jaén por su empeño y final éxito en conseguir hacer cumplir una sentencia a favor de los consumidores y usuarios.

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INTRODUCCIÓN

La historia que os cuento comenzó siendo algo así como querer alcanzar una utopía, de hecho alguno de sus protagonistas no tenía mucha confianza en un final feliz. Pretendíamos hacer cumplir a una gran empresa el fallo condenatorio de una sentencia firme que, sin determinar quiénes eran los beneficiarios – artículo 221.1.1ª LEC -, la condenaba a reintegrar a sus clientes cantidades indebidamente cobradas, pero no sabíamos quiénes, ni cuántos eran los afectados, y menos aún sabíamos cuánto les hubiera sido cobrado indebidamente a cada uno de ellos, todo eran incógnitas, pero en nuestro afán estaba que finalmente el dinero cobrado indebidamente volviera a sus legítimos titulares, es decir, a los consumidores y usuarios.

El Artículo 221 Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de consumidores o usuarios, dispone:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.

El inciso final del último párrafo anterior, “si la instara la asociación demandante”, no deja lugar a dudas que la Asociación de consumidores y usuarios puede instar la ejecución de este tipo de sentencias, no tendría sentido que la Asociación pueda instar la demanda, ganarla, y luego no pueda instar la ejecución de la sentencia que recae. Lo mismo se puede decir del resto de legitimados para el ejercicio de este tipo de acciones, es decir, del Ministerio Fiscal, de los Organismos de consumo de las Administraciones Públicas, y del resto de entidades habilitadas – art. 11 de la LEC-.

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 519 de la LEC, este tipo de sentencias solo se pueden ejecutar individualmente, a solicitud de uno o varios interesados:

Artículo 519 Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados.

Artículo 519 redactado por la disposición final tercera de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo («B.O.E.» 25 junio). Vigencia: 25 septiembre 2011

La batalla de la legitimación de la asociación para instar la ejecución de la sentencia en defensa de los intereses colectivos de todos los consumidores y usuarios fue la primera gran batalla, la empresa siempre negó que la asociación pudiera representar ese tipo de intereses, y mantuvo que debían ser los consumidores, uno a uno, quienes acudirán al Juzgado conforme a lo dispuesto en el artículo 519 de la LEC.

Otra gran batalla fue la que consistió en conseguir que la empresa entregase al Juzgado un listado identificando a todos y cada uno de los usuarios a quienes había cobrado indebidamente. A modo de anécdota, os cuento que la empresa comenzó entregando el listado en dos cajas de cartón llenas a rebosar con papel continuo, sin espaciado entre líneas, y a dos caras, ya os contaré como terminó esta historia, como en casi todas las batallas, tuvo que ser la Sala la que en apelación resolviera la cuestión, como en tantas otras batallas. También os contaré cómo conseguimos que la empresa entregara también los contratos y varias facturas de cada uno de ellos, y hacer las cuentas de las cantidades que se les habían cobrado indebidamente a cada uno de ellos, y cómo finalmente la Sala las consideró probadas, y ordenó a la empresa que las devolviese, en ello estamos.

Han sido siete largos años de proceso judicial, hemos ido abriendo camino al andar, paso a paso, sin ningún soporte procesal específico que nos facilitase el camino, pero aún así, la persistencia y el duro trabajo de sus protagonistas ha hecho posible algo que considerábamos una utopía.

CONTINUARÁ…