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CÁPITULO 1

Los protagonistas y actores principales de la historia son, por un lado, la Fiscalía de consumo de la Ilma. Audiencia Provincial de Córdoba y la Asociación de Consumidores y Usuarios ¡ea!, en el papel de partes ejecutantes y, por otro lado, una gran empresa de gas que durante años estuvo cobrando indebidamente cantidades a sus clientes, en el papel de parte condenada-ejecutada; también interviene el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Córdoba, en el papel de Juzgado encargado de ejecutar la sentencia que él mismo dictó. Hay algún personaje más, en el papel de comparsa, sin demasiada importancia que irá saliendo a lo largo de esta historia.

La ejecución colectiva de sentencias dictadas conforme al artículo 221.1.1ª de la LEC, es decir, de sentencias que favorecen a consumidores y usuarios cuya identidad no se determina individualmente en el fallo de la propia sentencia, no está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil que solo contempla en el artículo 519 de la LEC la ejecución individual de uno o, a lo sumo, varios interesados que se consideren beneficiarios de este tipo de sentencias, que pueden acudir al Juzgado conforme dispone dicho artículo. Esto hacía que una ejecución colectiva, a priori, fuese casi inviable.

En septiembre del año 2007, cuando la sentencia de instancia se hizo firme, Fiscalía de consumo de Córdoba presentó un escrito al Juzgado interesando la ejecución colectiva de una sentencia en la que no se determinaban quiénes eran los beneficiarios, sin saber aún quiénes ni cuántos serían, a cuyo fin solicitaba que se requiriese a la empresa condenada la colaboración necesaria para identificarlos, en este caso, para identificar a aquellos clientes a quienes se había cobrado indebidamente en base a cualquiera de las dos cláusulas declaradas nulas en la sentencia que se ejecutaba. La Asociación de consumidores y usuarios ¡ea! también presentó, casi coetáneamente, un escrito al Juzgado instando la ejecución colectiva de la sentencia, adhiriéndose a todo lo solicitado por el Mº Fiscal, y precisando la colaboración de la empresa en que se requiriese a la misma una relación de afectados, los contratos y las facturas con las que poder saber a quiénes y cuánto se había cobrado indebidamente. Así empezó todo.

Cuando la empresa se quiso dar cuenta ya estaba inmersa en un proceso de ejecución colectiva que no tenía un cauce procesal legalmente establecido pero que estaba ya en marcha. La asociación, paralelamente, iba instado también la ejecución individual de aquellos que acudían porque oían hablar del caso, lo que dio lugar a resoluciones dictadas en procesos individuales que sirvieron para adoptar criterios que fueron luego trasladados al proceso de ejecución colectiva, la empresa apelaba todas las resoluciones favorables a los consumidores que el Juzgado iba dictando, de modo que fue la Audiencia Provincial la que tuvo que ir resolviendo todas las cuestiones que iban surgiendo, como el alcance temporal de la obligación de reintegro, requisitos para ser considerado beneficiario, intereses que habrían de abonarse etc., etc.).

Así las cosas, la empresa intentó deshacerse tanto de la Fiscalía como de la asociación de consumidores alegando falta de legitimación activa, es decir, alegando que debían ser los consumidores y usuarios quienes debían reclamar individualmente conforme dispone el artículo 519 de la LEC. La empresa de gas insistía una y otra vez en que la asociación de consumidores solo podía actuar en defensa de los intereses de sus socios. De Fiscalía no pudieron deshacerse porque el artículo 11 de la LEC expresamente la legitima para el ejercicio de acciones colectivas y, de la asociación de consumidores ¡ea!, por el mismo motivo, tampoco se pudieron deshacer. Intentarlo, lo intentaron pero la Audiencia Provincial de Córdoba y el propio Juzgado reconocieron la legitimación que ambas instituciones tienen conforme dispone el artículo 11 de la LEC.

En este momento quiero felicitar muy especialmente a la Fiscalía de Consumo de la Ilma. Audiencia Provincial de Córdoba, en la persona del Ilmo. Fiscal D. Fernando Santos Urbaneja, por su eficacia al presentar en el año 2002 quizás la primera demanda en España ejercitando una acción de cesación en defensa de intereses colectivos de los consumidores y usuarios, pocos días después de haber entrado en vigor la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios («B.O.E.» 29 octubre) que, entre otras reformas, introdujo en nuestro ordenamiento las acciones de cesación1 conocidas en otras regiones como acciones de clase o de grupo. En este caso, la demanda se interpuso frente a una gran empresa de gas que cobraba sin autorización administrativa al menos dos conceptos en sus facturas, la demanda fue estimada mediante Sentencia de 28 de julio de 2003, se declaró la nulidad por abusivas de las dos cláusulas que la empresa había predispuesto en sus contratos en virtud de las cuales realizaba los cobros de dos conceptos, se condenó a la empresa a eliminar dichas cláusulas de sus contratos y a reintegrar las cantidades cobradas en base a ellas.

Así empezó todo, teníamos una Sentencia de fecha 28 de julio de 2003 que condenaba a reintegrar cantidades cobradas indebidamente sin especificar individualmente quiénes eran los beneficiarios, sabíamos que eran millares, queríamos que la empresa devolviera lo que había cobrado indebidamente a cada uno de ellos pero no sabíamos cuántos se había cobrado a cada usuario, pero estábamos legitimados para seguir adelante en un proceso de ejecución colectiva que no tenía un cauce procesal predispuesto, por eso era una aventura a un final incierto.

CONTINUARÁ…