Hoy ASGECO ha estado en el Congreso explicando al Grupo Socialista sus propuestas sobre pobreza energética y bono social, resaltando que hay que cambiar el desequilibrio contractual que hace que las eléctricas tengan el poder de cortar el suministro sin más y encima poniendo la carga de la prueba sobre el ciudadano vulnerable.

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Propuestas de ASGECO Confederación: pobreza energética y el bono social.

Con la crisis económica a nivel mundial desde Europa se adoptaron una serie de medidas y, objetivos a través del proyecto Europa2020, a cumplir por los Estados. Pese a estas medias y objetivos, en España el aumento en riesgo de pobreza o exclusión social sigue aumentando, con el consiguiente problema para los consumidores.

Este problema del aumento de la pobreza y aumento del riesgo de exclusión social tiene en nuestro país otra cara, la de la pobreza energética.

La DIRECTIVA 2009/72/CE ya  reflejaba que la pobreza energética era un problema, y se imponía a los Estados miembros que desarrollaran, en caso de no haberlo hecho, planes de acción nacionales  para luchar contra la misma con el fin de reducir el número de personas afectadas por dicha situación. Así mismo se exigía a los Estados que garantizaran el suministro de energía para clientes vulnerables.

La directiva mencionada, se transpuso en España a través de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En la misma de dejó la regulación de las medidas de lucha contra la pobreza energética y el bono social, establecido en el 2009, para un futuro desarrollo reglamentario, el cual nunca ha existido.  Es por ello, que en el Decreto 2016/2014 se optó por perpetuar la situación y los requisitos establecidos para el bono social en el 2009.

Esta situación de falta de interés de desarrollo legislativo en favor de aquellos en situación de pobreza energética, se refleja en que el Partido Popular desde que llegó al Gobierno ha rechazado todas las iniciativas legislativas al respecto presentadas en el Congreso.

Todo ello lleva a una situación en la que ya en 2014, el 11 por cien de los hogares se consideraban incapaces de hacer frente a las facturas energéticas. En concreto, se ha establecido que  actualmente 5,1 millones de personas son vulnerables a la pobreza energética en España, la cifra supone un incremento del 22% en dos años (http://cienciasambientales.org.es/index.php/noticias/567-3er-estudio-pobreza-energetica-en-espana-nuevos-enfoques-de-analisis.html).

Desde el inicio de la crisis en 2008 hasta 2014 se produjo un incremento en la factura del gas del 67% y de la luz del 73%, la misma ACA señala que en nuestro país 1,2 millones de personas emplean más del 20% de sus ingresos en energía y que 7,8 millones conviven con goteras y humedades.  Esto situa a España como el tercer país de la Unión Europea con la electricidad más cara pese a la gran capacidad de generación de energía renovable, el precio de la energía es la tercera más alta de Europa.

Desde ASGECO Confederación, como asociación de consumidores, creemos que, además hay toda una serie de factores que agravan la situación de desamparo de los consumidores en materia energética:

  • El 66% de la factura eléctrica son impuestos, y por tanto el consumidor no puede reducir el importe de su factura de manera significativa pese a que haga mejoras de eficiencia energética.
  • No existe una auditoría real e independiente de los costes del sistema y por tanto, se traslada a los consumidores unos costes que desconocemos si son reales o no.
  • Se sigue apostando por las energías fósiles y ya se prevé que España incumpla los objetivos de EUROPA 2020 al respecto.
  • Los contadores inteligentes no ayudan a que el consumidor pueda mejorar su eficiencia energética.

Por otro lado, la regulación del bono social resulta del todo insuficiente y alejada de la realidad de los consumidores españoles:

  • Muchos de los consumidores que lo solicitan no llegan a beneficiarse del bono social porque no se termina de tramitar o no se les informa de alguna documentación que se les requiera, por tanto son más personas las que debieran estar acogidas al bono social de las que actualmente lo hacen. Actualmente se beneficias casi 2.5 millones de consumidores y se estiman que debieran beneficiarse al menos 3.
  • Así mismo requiere una potencia contratada lo suficientemente baja que impide que muchos consumidores pueda acogerse, puesto que cada vez menos viviendas tienen la potencia requerida actualmente, y bajarla puede reducir la calidad de vida mínima deseable y, además, costes a los consumidores.
  • También tiene unos baremos económicos inadecuados y alejados de la realidad de las familias españolas y excluyendo a sectores de población con grave riesgo de exclusión social.

Así mismo, ante la falta de actuación del Gobierno, son varias las Comunidades Autónomas las que ha decidido desarrollar normativamente estos aspectos y hacer un esfuerzo para luchar contra la pobreza energética. Desde ASGECO creemos necesario que exista una regulación nacional en la lucha contra la pobreza que recoja al menos los siguientes términos en materia de pobreza energética y bono social:

  1. Pobreza energética:

Definición de consumidor vulnerable: la directiva del mercado interior de electricidad (2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y la del gas (2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) obliga a los Estados miembros de la UE a definir el concepto de consumidor vulnerable y a establecer planes de acción para paliar las situaciones de pobreza energética. Todavía no se ha aprobado en España el Reglamento que tenía que especificarla. Es sin embargo indispensable para realizar un diagnóstico realista de la situación y establecer prioridades para poner en marcha medidas de calado.

Medidas a corto plazo (medidas de urgencias)

Estas medidas coyunturales permiten hacer frente a situaciones de urgencias pero no resuelven el problema de la pobreza energética que necesita de medidas de prevención con más alcance que necesitan un plazo más largo por su implementación.

  • Moratoria de corte de suministros (electricidad y gas) en periodo invernal: prohibición el corte de suministro durante unos meses como se viene desarrollando con éxito en países de nuestro entorno (Francia, Holanda o Gran Bretaña).
  • Garantizar el suministro a determinados colectivos: más allá del periodo invernal, garantizar a lo largo del año el suministro a colectivos vulnerables como personas mayores, discapacitados, enfermos conectados a equipos eléctricos, etc., como se viene haciendo ya en países como Gran Bretaña o Hungría.
  • Mejora del sistema de alerta de los servicios sociales en caso de corte (obligación para la comercializadora): obligar a la comercializadora comprobar que los servicios sociales están informados con antelación del próximo corte de suministro para que puedan poner en marcha medidas de urgencias.
  • Ayudas de urgencia social: prestaciones económicas públicas puntuales para pagar facturas urgentes. Algunas Comunidades Autónomas han reservado fondos para estas y la están ya utilizando.
  • Soporte económico en invierno a ciertos colectivos: ayuda específica para hacer frente a las facturas de energía en periodo invernal (por ejemplo 150 euros en Gran Bretaña).
  • Facilitar iniciativas ciudadanas o empresariales: puede intervenir la ciudadanía con la conformación de fondos solidarios (la compañía eléctrica Southern California Edison ofrece a sus clientes la posibilidad de dar una cantidad de dinero que después se destina a pagar las facturas de los consumidores vulnerables) o las empresas en el marco de sus políticas de responsabilidad social (con la alianza Verbund-Caritas en Austria, la empresa da ayudas para el pago de facturas de gas y electricidad).
  • Promover todas las iniciativas de eficiencia energética con subvención públicas o privadas de cualquier importe (100%, microreformas, etc.).
  • Promover el autoconsumo y eliminar definitivamente el “impuesto al sol”.
  • Promover las ofertas y la creación de cooperativas de consumo y/o producción de energías renovables que buscan un precio más justo, fomentan la información, el ahorro y la eficiencia, y tienen sus propias medidas de lucha contra la pobreza energética.

Medidas de medio plazo (prevención)

Las directivas europeas (2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) exigen a los estados miembros la creación de planes integrales de lucha contra la pobreza energética. España ha retrasado varias veces la creación de un plan estatal, lo que llevó varias comunidades autonómicas a adoptar o desarrollar sus propios planes de acción (Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, etc.)

Las políticas de prevención pueden abarcar un amplio abanico de medidas que traten directamente a los causantes de la pobreza energética: bajo nivel de renta, baja calidad de la edificación (más del 50% de las viviendas fueron construidas antes que se aplicara cualquier normativa de regulación térmica y casi el 50% del consumo energético de un hogar tiene que ver con la climatización) y el encarecimiento del precio de la electricidad y del gas (entre 2008 y 2014, de un 73% y un 67%, respectivamente).

  • Planes de rehabilitación que contemple mecanismos de financiación de las actuaciones: subvenciones parar rehabilitación energética, deducciones fiscales para inversiones en ahorro energético, soporte económico, programas de mejora energética del parque de vivienda social, ayudas a la investigación, promoción del autoconsumo, etc.
  • Creación de un Observatorio de la Pobreza Energética: como existe en Francia y Gran Bretaña, para incrementar el conocimiento sobre el fenómeno y sus diversas dimensiones.
  • Desarrollo y formación a profesionales de Servicios Sociales.
  • Educación y generación de una nueva cultura energética: promoción de un uso racional de la energía, eficiencia, ahorro, etc.
  • Mejora de la información y protección al consumidor.
  1. Bono social:
  • Redefinición del bono social: consideramos inadecuada la definición actual del bono social, considerando que debería tomar en cuenta el conjunto de los ingresos y no la potencia contratada, para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables. Sus características pueden ser muy variables, si países como Italia y Grecia ofrecen descuentos sobre la tarifa a determinados colectivos, regiones como Flandes (Bélgica) dan gratuitamente los primeros 100 kWh por persona.
  • El bono social debe ampliarse a otros suministros como gas y agua. Medida que se empieza a implementar en algunas CCAA.
  • Que se establezcan nuevos baremos de pobreza energética como son: por ejemplo, la renta total que ingresa dicho hogar sea ponderada por su número de miembros.
  • La cuantía a deducir del bono social debe ser como mínimo del 25% hasta el 100% en base a la situación real de cada vivienda.
  • Establecer nuevas categorías que puedan beneficiarse del bono social como son las VPO, las personas en riesgo de exclusión social o personas que han sufrido violencia de género, etc.
  • Aumentar la potencia mínima a 3.3Kw.