renovablesLa Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han determinado interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha habido prevaricación en el escandaloso comportamiento del Ministerio de Industria, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo a las renovables”.

El Gobierno del Partido Popular, con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa del sector eléctrico, dictaminó que este se solucionara a costa del esfuerzo de tan sólo dos agentes: los consumidores (con un incremento ingente en la factura de la luz) y los productores de renovables, cogeneración (y residuos) viendo mermada su retribución en 3.000 millones de euros anuales. Han quedado al margen de este esfuerzo las grandes empresas eléctricas cuyas cuentas de resultados no han sufrido menoscabo alguno.

Por recomendación de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Industria encargó dos informes a las dos consultoras internacionales, que supuestamente iban a aportar criterios técnicos objetivos e independientes para avalar la metodología del Ministerio de Industria en la adopción de la Orden de parámetros en la que se consagró el hachazo a las renovables (tal y como declaraba el Ministro de Industria, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013).

Se ha conocido que el Ministerio de Industria encargó “a dedo” los dos informes a consultoras a las que finalmente acabaría presionando para que acataran criterios prefijados por el propio Ministerio.

Dadas las irregularidades y falta de transparencia en el procedimiento, la Plataforma por un Nuevo modelo Energético y la Fundación Renovables instarán a la Fiscalía Especial contra la Corrupción a que abra una investigación para esclarecer los hechos y determinar si ha habido posible prevaricación u otras infracciones del ordenamiento jurídico.