tarjetas-de-créditosEn relación con la anunciada medida del Gobierno, que anticipa en más de dos años el Reglamento previsto sobre las tasas de intercambio aplicadas en los pagos con tarjeta, desde la Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, mostramos nuestro rechazo y preocupación, porque tan controvertida medida va únicamente a favorecer al gran comercio, por incidir sobre la inmediata bajada de sólo uno de los costes asociados al sistema de gestión de tarjetas: las tasas multilaterales de intercambio bancarias, dejando libres el resto, sin garantizar que no se compensará esa merma de ingresos con la elevación de otros costes que habitualmente vienen soportando los consumidores (comisiones de emisión y mantenimiento de tarjetas, tipos de interés por los saldos, etc.) y los pequeños comercios (alquiler de las terminales vituales, etc.).

En estas condiciones, que puede provocar inmediatas subidas de comisiones bancarias en España, peores que los incrementos escalonados entre el 2006 y el 2010 por el negativo acuerdo comercio-redes que precedió a la ahora anunciada medida, la también proyectada Directiva Europea sobre Transparencia y Comparabilidad de Comisiones en Cuentas Bancarias ( IP/13/415) difícilmente va a poder amortiguar los potenciales efectos perversos de la bajada de las tasas de intercambio, por limitarse a indicar que “los Estados miembros velarán para que las autoridades competentes determinen qué se entiende por comisión razonable conforme a uno o varios de los siguientes criterios: a) niveles nacionales de renta;b) gastos medios aplicados a las cuentas de pago en el Estado miembro;c) costes totales conexos a la provisión de la cuenta de pago básica; d) precios nacionales al consumo”.

El problema es que España supera ya ampliamente esos niveles razonables de comisiones bancarias y la muy parcial e incompleta información existente hasta ahora, incluidas las estimaciones publicadas en septiembre del 2012 por el BCE y las recientes de la Comisión, se fijan en costes soportados por los demás agentes económicos (comerciantes, bancos emisores o adquirentes, incluso marcas de tarjetas cuyo modelo de negocio se basa en los ingresos de los bancos) y nunca en los costes reales (siempre mayores y más importantes, por su carácter final) en los que incurrimos los consumidores.

Por lo tanto, reivindicamos avanzar en la poco ambiciosa directiva de transparencia y movilidad, a ser posible honrando su relevancia al dotarla del rango de los reglamentos, y no apresurarse a aplicar un reglamento aun no aprobado por el Consejo de la Unión Europea, al menos sin antes disponer para todos los países de la información global y comparable que aporte la entrada en vigor de esa norma de transparencia y movilidad. Tomar decisiones en un tema tan importante sin haber evaluado toda la información y haber escuchado antes detenidamente a los consumidores, podría llevar a subestimar los negativos impactos de dicha bajada obligatoria y parcial, sobre todo en los consumidores, aunque también en los pequeños comerciantes, en la innovación, en el freno al desplazamiento del efectivo por los pagos electrónicos (al ser éstos últimos más gravosos), con el consiguiente favorecimiento de la economía sumergida.

Resulta paradójico que siendo España un país que ya ha limitado las tasas de intercambio desde 2005, con efectos negativos contrastados por el aumento de comisiones y otros costes que se han repercutido al consumidor, vaya a tomar de nuevo la delantera sobre un  proceso regulador tan sesgado e incompleto. Mucho más llamativo y preocupante es que España vaya a aplicar una norma todavia en debate (el texto aprobado inicialmente por el Parlamento Europeo), que extiende la limitación de las tasas de intercambio a las tarjetas comerciales o de empresa, lo que no hacia el proyecto inicial de la Comisión, pudiendo complicar todavía más los problemas de financiación registrados por las PYME en los últimos años.  Además,  introduce inseguridad jurídica, pues si el Parlamento modifica ese proyecto la norma española tendría que adaptarse a la europea. 

La clave de esta cuestión es que no son los bancos los que repercuten sus tasas en los consumidores sino en el comercio (menores coste para este) y no hay evidencias empíricas de haber trasladado a los consumidores las ventajas de las bajadas de las tasas de intercambio impuestas desde el 2005, por lo que tampoco existe razón para pensar que vayan a hacerlo en el futuro.

Igualmente, desde otra perspectiva, Moodys Analitic reveló en marzo de 2013 que España ha sido de un total de 56 países en el que menos han aportado las tarjetas al crecimiento del consumo privado y de su economía, pese a sus mayores necesidades de empleo. Incluso la propia Comisión reconoce que “los estudios encomendados a consultores externos mencionan sistemáticamente a España entre los mercados más caros de Europa en cuanto a costes para los consumidores de cualquier tipo de pago”.

Así mismo, consideramos inaceptable librar de la regulación a las tarjetas comerciales y las más caras de American Express, Dinners. ¿A qué se debe tal privilegio?

Como sin duda conocerá, pues se ha hecho amplio eco de ello la prensa, los operadores de mercado afectados por el anuncio del Consejo de Ministros ya han calculado su impacto: los comerciantes estiman beneficios en torno a 200 millones de euros, como significan varias asociaciones de comerciantes pertenecientes a EUROCOMMERCE, auténtico paladín y por ahora vencedor del contencioso; mientras que, por su parte, la banca estima futuras pérdidas de 350 millones que, a falta de las medidas antes demandadas de regulación de otros costes,  tenderán a repercutir en los consumidores con los consiguientes efectos de exclusión financiera o mayor uso de efectivo.

Sin embargo, las estimaciones realizadas por las organizaciones de consumidores firmantes indican que los bancos españoles ya cobran actualmente más de 1.500 millones anuales en tasas y comisiones por las tarjetas. En consecuencia, reducir las tasas de intercambio interbancarias en más de un 50% para limitarlas a 0,2% en débito y 0,3% en crédito o a siete centimos por operacón, introduce el riesgo cierto y probado en otras ocasiones recientes de que los bancos españoles compensen la anunciada bajada de tasas con incrementos de sus comisiones por tarjetas en más de 700 millones de euros anuales, lo que sería un golpe mortal para incertivar su uso entre los consumidores, pues además casi todo ese impacto se produciría de un solo golpe y no escalonadamente como hizo la citada medida española del 2005 y preve el Reglamento debatido en la Union Europea.

En definitiva, rogamos al Gobierno que reflexione, atienda y traslade los argumentos presentados y renuncie a los aspectos citados del Reglamento y el inminente Real Decreto, que dificilmente van a contribuir a la mejora de la protección de los consumidores en el el uso de tarjetas.  A ese respecto, nos brindamos a aportarle documentación y estudios que avalan nuestras alegaciones.