El desarrollo de un mercado único más justo y más profundo constituye una de las principales prioridades de la Comisión Europea. En el marco de este objetivo, la Comisión está trabajando para facilitar el acceso de los consumidores a unos servicios financieros de buena calidad fuera de su Estado miembro.

En lo que respecta al crédito al consumo en particular, en 2008 se adoptó la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo (en lo sucesivo, la «Directiva»), con el fin de fomentar acuerdos de crédito transfronterizos garantizando al mismo tiempo altos niveles de protección a los consumidores.

La Directiva garantiza a los consumidores el derecho a desistir del contrato de crédito en un plazo de 14 días y el derecho al reembolso anticipado del crédito e impone a los proveedores de crédito la obligación de realizar una evaluación de la solvencia antes de la celebración del contrato. También garantiza que todos los consumidores de la Unión Europea reciban informaciones precontractuales armonizadas y fácilmente comparables relativas a las principales características de la oferta de crédito. Desde 2008, el mercado ha evolucionado considerablemente y se han adoptado otros actos legislativos de la UE en diferentes ámbitos relacionados también con la oferta de crédito al consumo, tales como hipotecas, protección de datos, lucha contra el blanqueo de dinero y servicios de pago.

Por ello, 10 años después de la adopción de la Directiva, la Comisión Europea emprende una segunda evaluación de la misma para determinar si aún sigue siendo adecuada para los fines perseguidos teniendo en cuenta la evolución del mercado ocurrida desde 2008. Al hacerlo, la Comisión estará en condiciones de calibrar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido para la UE de la Directiva.

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